La aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario el 15 de julio de 2010 constituyó un punto de inflexión en las luchas por los derechos de las llamadas minorías sexuales. A la apertura ideológica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se sumó una estrategia definida que hizo de la demanda innegociable del matrimonio el eje de la lucha de las organizaciones lgbt. Ese camino modificó discursos y formas de acción y generó un amplio apoyo social (político, cultural y mediático). En ese sentido, no se trató solo de la ley, sino de un proceso previo que consiguió que la discriminación por razones de orientación sexual se volviera políticamente incorrecta.